Proyecto de vivienda vertical para atender la demanda habitacional
A finales de 2024, el Gobierno Federal presentó un ambicioso proyecto para mitigar el déficit de viviendas en Baja California Sur, con la construcción de 37,500 viviendas entre 2024 y 2030. El inicio de este proyecto se dará en 2025, con la edificación de 500 viviendas en unidades habitacionales verticales (edificios) en el municipio de Los Cabos, una de las zonas con mayor demanda habitacional en el estado.
Yanssen Weichselbaum Calderón, delegada de Programas de Bienestar en Baja California Sur, destacó que este programa se llevará a cabo a través de créditos, y no será una entrega gratuita de viviendas. “No se le regalará la vivienda”, afirmó, indicando que las personas interesadas deberán esperar el lanzamiento de las convocatorias para acceder a los créditos y, así, lograr un patrimonio familiar seguro y escriturado.
El proyecto, que forma parte de una iniciativa nacional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), buscará reducir el rezago habitacional en México, con la meta de construir 1 millón de nuevas viviendas en todo el país entre 2024 y 2030. De esas viviendas, 500,000 se financiarán a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y otras 500,000 a través de Infonavit. Además, se contemplan 450,000 ampliaciones y 1 millón de escrituraciones.
En Baja California Sur, de las 37,500 viviendas proyectadas, Los Cabos recibirá la mayor parte con 17,400, seguido de La Paz con 11,100, Mulegé con 6,000, Comondú con 2,500 y Loreto con 500. La construcción de 700 viviendas está en proceso de aprobación, con las primeras 500 unidades verticales programadas para iniciarse este 2025. Aunque el número total previsto es de 700 viviendas, aún no se ha confirmado si las 200 restantes se construirán en 2026.
La delegada también mencionó la preocupación del presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, quien destacó que se requieren al menos 22,000 viviendas en la región, por lo que el plan de construcción para 2025 es insuficiente. La construcción de estas viviendas se llevará a cabo en conjunto con las autoridades municipales, estatales y federales, quienes ya revisan las ubicaciones de los terrenos para garantizar que no estén en zonas de alto riesgo ni alejadas de los servicios públicos.
Uno de los hallazgos del Censo de Vivienda realizado por la Secretaría del Bienestar es que el 99% de las personas que viven en zonas de alto riesgo en Los Cabos lo hacen por falta de alternativas habitacionales. Muchas de estas personas, a pesar de la conciencia del peligro, han levantado sus viviendas con esfuerzo propio, sin acceso a servicios básicos.
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El proyecto de vivienda prioriza a los sectores más vulnerables de la población, como adultos mayores, personas con discapacidad, jefas de familia y jóvenes. Además, contempla la construcción de viviendas en comunidades rurales de los cinco municipios de Baja California Sur, como San Francisco de la Sierra y Santa Marta, y en colonias populares como La Pasión y Villas de Guadalupe. En este sentido, el programa busca fortalecer los subsidios previos con materiales de construcción y financiamiento, sin limitarse únicamente a la construcción de casas nuevas.
En cuanto a las unidades habitacionales verticales, Yanssen Weichselbaum recordó que en México, la construcción de este tipo de viviendas tiene antecedentes desde los años 20, con el primer conjunto habitacional en la colonia Del Valle de la Ciudad de México. Sin embargo, los retos económicos de décadas pasadas resultaron en la reducción de espacios y materiales, lo que comprometió la calidad de estas viviendas. Aunque la Constitución mexicana reconoce el derecho a una vivienda digna y decorosa, las viviendas verticales enfrentan problemas de deterioro debido a la falta de mantenimiento adecuado, ya que muchos de los residentes no cuentan con los recursos necesarios para conservar estas propiedades.
En este contexto, la Secretaría de Bienestar buscará aplicar el programa de manera integral, con la participación activa de las autoridades locales y federales, para asegurar que las viviendas no solo sean una solución a la demanda habitacional, sino que también se construyan en condiciones adecuadas y sostenibles para las familias sudcalifornianas.
