Van por cárcel para desarrollos inmobiliarios ilegales en BCS
Las personas que vendan terrenos sin permisos podrían recibir penas de 3 a 10 años y sanciones económicas similares.
En un esfuerzo por frenar el crecimiento desordenado y la urbanización irregular, el Congreso de Baja California Sur dio este 05 de junio la primera lectura a un dictamen, que busca penalizar con cárcel y fuertes multas a quienes violen las normas de desarrollo urbano en la entidad.
La iniciativa contempla sanciones de hasta 13 años y cuatro meses de prisión para servidores públicos y particulares que autoricen, promuevan o participen en construcciones ilegales, ventas de terrenos sin permisos o publicidad engañosa.
El dictamen fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, presidida por el diputado Eduardo Van Wormer Castro (Morena).
La propuesta incluye la reforma del artículo 270 del Código Penal estatal y la incorporación de los artículos 270 Bis, 304 Bis y 304 Ter, con los que se pretende sancionar prácticas que han proliferado en la entidad, como la venta de lotes sin servicios o la construcción en zonas de alto riesgo.
Autoridades buscan frenar abusos en desarrollo urbano
Entre las sanciones más destacadas está la del ejercicio ilícito del servicio público en materia de desarrollo urbano. Los funcionarios que otorguen permisos en zonas no urbanizables o incumplan normas podrían enfrentar entre 4 y 12 años de prisión y multas de hasta 67 mil 884 pesos.
Por su parte, las personas que vendan terrenos sin permisos podrían recibir penas de 3 a 10 años y sanciones económicas similares.
Otros delitos incluidos en la reforma son la construcción sin licencias en zonas no aptas, el fraccionamiento irregular, la publicidad engañosa y la violación de la zonificación primaria.
La gravedad aumenta si los hechos se cometen en terrenos ejidales o comunales, donde las penas pueden incrementarse hasta en un tercio.
Sanciones por licencias de construcción
El artículo 304 Ter establece penas específicas para directores de obra, constructores y propietarios que incumplan con licencias de construcción: de 3 a 9 años de cárcel y multas que oscilan entre los 113 mil y los 339 mil pesos.
También se sancionará a quienes no denuncien estos hechos, incluyendo a los dueños de inmuebles utilizados para urbanizaciones ilegales.
La iniciativa aún debe ser votada en la sesión ordinaria del próximo martes 10 de junio, de ser aprobada, la nueva legislación entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE).
Con información del medio.
