Congreso de Baja California Sur analiza nueva Ley de Autismo entre críticas por consulta pública
Congreso de BCS discute iniciativa para atención a personas con autismo
El Congreso de Baja California Sur analiza una nueva iniciativa de Ley de Autismo que busca garantizar atención médica, diagnóstico oportuno e inclusión para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
La propuesta fue presentada ante el pleno por el diputado Martín Escogido Flores, en representación de las comisiones de Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. El proyecto plantea establecer mecanismos de coordinación entre dependencias estatales para fortalecer la atención integral a personas con autismo en el estado.
Entre los puntos principales de la iniciativa se encuentra la creación de una comisión intersecretarial encabezada por la Secretaría de Salud, la cual trabajaría de forma coordinada con el Sistema DIF, el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y organizaciones civiles.
Además, se propone fortalecer las Unidades Básicas de Rehabilitación en los cinco municipios, mediante equipos multidisciplinarios encargados de diagnóstico, terapias y seguimiento especializado para las personas con TEA. La atención médica sería brindada a través de instituciones públicas como IMSS, ISSSTE y IMSS Bienestar.
La discusión de esta iniciativa ocurre luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara en marzo de 2025 la ley estatal sobre autismo aprobada en 2024.
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El máximo tribunal determinó que durante el proceso legislativo no se realizó una consulta directa a personas con autismo, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Corte ordenó al Congreso estatal realizar una consulta adecuada y elaborar una nueva legislación. Sin embargo, durante la reciente sesión legislativa, familiares, especialistas y representantes de organizaciones civiles señalaron que la consulta pública realizada durante los últimos meses no incluyó de forma real sus propuestas.
Algunos participantes incluso mostraron pancartas dentro del recinto legislativo, acusando que el proceso fue una “simulación” y que varias de las aportaciones ciudadanas no fueron integradas en el proyecto final de ley.
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