En un esfuerzo por proteger la biodiversidad marina y asegurar la sostenibilidad económica de las comunidades pesqueras, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y el sector pesquero del Golfo de Ulloa han establecido una serie de acuerdos estratégicos. En una reciente reunión, el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (Sepada), José Alfredo Bermúdez Beltrán, y el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Octavio Almada Palafox, discutieron los pasos necesarios para llevar a cabo un estudio crucial que determinará la causa de muerte de la tortuga amarilla (Caretta caretta).
Uno de los puntos destacados en la reunión fue la importancia de obtener una certificación positiva del Golfo de Ulloa por parte de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Sin esta certificación, existe la amenaza de un embargo comercial de Estados Unidos a México, lo cual afectaría gravemente la comercialización de productos pesqueros en los estados colindantes con el Océano Pacífico y, por ende, la economía de las familias dependientes de la pesca.
Bermúdez Beltrán enfatizó que la investigación se llevará a cabo con un barco de origen mexicano, asegurando la soberanía y control sobre los recursos marinos del país. “No permitiremos que llegue ninguna embarcación del extranjero a las aguas del Golfo de Ulloa”, afirmó. El barco de investigación trasladará a científicos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste (Cibnor) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes liderarán el estudio.
Una vez concluidos los estudios y propuestas, el Gobierno de Baja California Sur y las autoridades federales regresarán al municipio de Comondú para presentar los hallazgos y planes a la ciudadanía y a los trabajadores del mar. La participación activa de la comunidad pesquera es fundamental para el éxito de estas iniciativas.
Finalmente, Bermúdez Beltrán reiteró la voluntad del gobernador de proteger a los pescadores ante cualquier situación que pudiera vulnerar su bienestar y el de sus familias. Este compromiso incluye la implementación de medidas que garanticen tanto la conservación de la tortuga amarilla como la estabilidad económica de las comunidades pesqueras.
