Tras la reciente aprobación en el Senado de la reforma a la Ley del Infonavit, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur, Paul Valdiviezo, expresó su rechazo a esta medida. Asegura que la reforma genera incertidumbre sobre el destino de los ahorros de los trabajadores en el estado y a nivel nacional.
“Desde Coparmex, tanto a nivel nacional como en los 71 centros empresariales del país, rechazamos la reforma recién aprobada. Consideramos que atenta contra el equilibrio tripartito que ha regido al Infonavit y pone en riesgo los ahorros de los trabajadores”, señaló Valdiviezo.
Ante este panorama, Coparmex evalúa otras alternativas, incluyendo la intervención de organismos internacionales y tribunales laborales. Además, sostendrán reuniones con líderes sindicales para definir las estrategias a seguir. “Esta semana determinaremos el camino a tomar, pero nuestra postura es clara: rechazo total a la reforma y búsqueda de soluciones”, reiteró.
El dirigente patronal expresó su preocupación de que los recursos de los trabajadores puedan ser utilizados para otros proyectos del Gobierno Federal, en lugar de destinarse exclusivamente a la vivienda de los empleados. Históricamente, el Infonavit ha operado bajo un esquema tripartito, con representación de trabajadores, Gobierno y empresarios. Sin embargo, la reforma otorga al Ejecutivo mayor control sobre las decisiones del organismo.
Uno de los cambios más significativos es que el director general del Infonavit, antes elegido por la asamblea del instituto, ahora podrá ser designado directamente por el Presidente de la República. Además, la presidencia de los órganos colegiados dejará de ser rotativa entre los sectores involucrados, lo que, según Coparmex, compromete la imparcialidad en la toma de decisiones.
Otra de las preocupaciones planteadas es la falta de supervisión financiera adecuada. Coparmex proponía que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público supervisaran no solo la parte crediticia del Infonavit, sino también su relación con las constructoras y proveedores. No obstante, esto no fue tomado en cuenta en la reforma.
Valdiviezo también criticó el nuevo modelo de arrendamiento propuesto, que permite a los trabajadores pagar renta con opción a compra. “El problema no es el esquema en sí, sino la falta de regulación sobre qué empresas construirán las viviendas y quién supervisará la calidad de la infraestructura. Ahora será el Ejecutivo quien decida, sin la vigilancia de organismos financieros”, advirtió.
Finalmente, reiteró que el Infonavit ha operado por más de 50 años sin recibir financiamiento del Gobierno, ya que su fondo proviene de las aportaciones de trabajadores y patrones. Por ello, considera que centralizar las decisiones en una sola autoridad representa un riesgo para la transparencia y el correcto uso de los recursos.
