En un acto significativo para la política energética y ferroviaria del país, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles los decretos que materializan las reformas aprobadas recientemente en el Congreso de la Unión. Estas reformas, según Sheinbaum, buscan devolver al pueblo de México el control sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como reintegrar el servicio de trenes de pasajeros.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que la nueva reforma energética revierte las disposiciones de 2013 que transformaron a Pemex y CFE en “empresas productivas del Estado”, lo que, según la mandataria, representó una forma de privatización encubierta. “Es una reforma que devuelve al pueblo las empresas que siempre fueron del pueblo de México”, afirmó.
El proceso legislativo culminó el 24 de octubre, tras obtener el respaldo de 20 congresos estatales, superando el umbral necesario de 17. Las modificaciones constitucionales afectan a los artículos 25, 27 y 28, redefiniendo a Pemex y CFE como “empresas públicas” cuyo principal objetivo será garantizar el suministro de servicios, en lugar de maximizar el valor económico para el Estado.
Sheinbaum adelantó que el próximo miércoles presentará el Plan Nacional de Energía, que, aunque abrirá la puerta a la inversión privada, establecerá límites claros para su participación, asegurando que la empresa pública prevalezca en el sector energético.
En el ámbito ferroviario, la reforma busca revitalizar los servicios de trenes de pasajeros, que fueron eliminados tras la privatización de 1995. El director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, explicó que esta reforma tiene como meta mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y reducir la huella de carbono del transporte.
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La presidenta también anunció que el próximo año se destinarán 150,000 millones de pesos a la construcción de trenes de pasajeros, comenzando con las rutas AIFA-Pachuca y México-Querétaro. Estas iniciativas representan un paso hacia la mejora de la infraestructura y la conectividad en el país, al tiempo que busca promover un transporte más sostenible.
Las nuevas reformas tienen un plazo de 180 días para definir la legislación secundaria, que establecerá las condiciones para la participación privada en el sector eléctrico, con un límite del 46% en la generación de electricidad.
Con estas acciones, el gobierno de Sheinbaum busca reafirmar el compromiso con una gestión más pública y eficiente de los recursos estratégicos de México, marcando un cambio de rumbo en la política energética y ferroviaria del país.
