La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó sobre el caso de una mujer que fue presentada ante el Juez de Control debido a su probable responsabilidad en el incumplimiento de obligación alimentaria. Los hechos se remontan a los años 2022 y 2023, donde la imputada habría dejado de cumplir con sus obligaciones alimentarias en múltiples ocasiones.
En el año 2022, la imputada solo realizó 2 de los 24 pagos a los que estaba obligada, y en 2023, únicamente efectuó 6 de los 24 pagos correspondientes. Ante esta situación, la parte afectada decidió denunciar los hechos, lo que llevó a la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia a integrar la carpeta del caso y ejercer acción penal en contra de la probable responsable.
Tras un proceso legal, el pasado 5 de abril se llevó a cabo una audiencia en la que un Juez de Control resolvió vincular a proceso a la imputada. Además, se otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, con el fin de recabar más elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la acusada.
Este caso no es un hecho aislado, ya que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2023 se abrieron 946 carpetas de investigación por el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en Baja California Sur, mientras que en 2022 la cifra fue de 639. Estas cifras reflejan la relevancia y la frecuencia de este tipo de situaciones en la entidad, así como la necesidad de implementar medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de quienes dependen de ellas.
